Juan C. Mendoza. Perito
Judicial
Experto Financiero Avaluador
en Daños & Perjuicios C.S.J.
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viernes, 28 de agosto de 2015
Faltante de $33,6 billones para garantizar indemnización de perjuicios y reparación integral de víctimas del conflicto armado.
La Contraloría General de la República estimó un
faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a
la vivienda consagrados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Así lo dejo consignado el organismo de control en
su informe anual al Congreso de seguimiento a la política pública de
asistencia, atención y reparación a víctimas y a comunidades étnicas víctimas
del conflicto armado.
El informe, señala además que desde hace 5 años, la
apropiación de recursos para la asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado, es cercana al 2% del Presupuesto General de
la Nación.
En atención a los cambios que ha mostrado la
realidad frente a los supuestos que se tenían, la Contraloría propuso
actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448 del 2011, a la luz del
universo actual de las víctimas y de los costos reales de las medidas de
asistencia, atención y reparación integral contenidas en la ley.
"Es oportuno que el país conozca las
necesidades económicas que implican garantizar el goce efectivo de los derechos
de las víctimas del conflicto armado para abrir el debate sobre las fuentes de
financiamiento de la ley; más aún si, como lo ha anunciado el Gobierno
Nacional, en 2016 se propondrá una reforma tributaria", sostiene la
Contraloría General de la República en su informe.
Asimismo, la Contraloría sugirió que, desde ya, se
piense en ampliar el periodo de vigencia de la Ley para enfrentar adecuadamente
el impacto financiero del crecimiento del Registro Único de Víctimas (RUV) y
cumplir cabalmente con la reparación integral.
Ayudas humanitarias, indemnización administrativa y
reparación de comunidades étnicas
La CGR encontró que, con la implementación de la
Ley 1448 de 2011 aumentó la cantidad de ayudas humanitarias entregadas, así
como el número de grupos familiares beneficiados, pero el promedio de ayudas
por familia disminuyó, lo cual es percibido por la población desplazada como
una desventaja de la Ley.
En materia de indemnización administrativa, también
se ha avanzado; en 2014, además de las indemnización que vienen otorgándose por
Ley 418 de 1997 y decreto 1290 de 2008, se incluyó a algunas víctimas de Ley
1448 de 2011.
No obstante, se presenta un rezago
considerable si se tiene en cuenta que ya han transcurrido cuatro años de
vigencia de la Ley 1448 de 2011 y el universo total de víctimas a atender ha
aumentado. La Contraloría constató que no se han cubierto solicitudes elevadas
por las víctimas en virtud de las normas citadas, previas a la Ley 1448 de 2011
Frustración de las comunidades étnicas
Tal como se señaló en los anteriores informes, no
se cuenta con un solo Plan de Reparación Colectiva (PIRC) de comunidades
étnicas, aprobado y en implementación. Esta moratoria genera un alto grado de
frustración de los sujetos colectivos étnicos a la espera de iniciar el proceso
de reparación colectiva. Fuente: Extracto
de comunicado de prensa de la Contraloría General de la Republica. 27 de agosto
de 2015.
viernes, 7 de agosto de 2015
LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA PENAL Y DE MANERA INTEGRAL INCLUYENDO EL DAÑO MORAL En cuanto a los daños
En cuanto a los daños morales, en la
sentencia C-163 de 2000, la Corte
Constitucional insistió en el deber de las autoridades judiciales de garantizar
el derecho de las víctimas y perjudicados por un hecho punible a obtener una
reparación integral que comprende la indemnización de tales daños, además de
los perjuicios materiales. Dijo entonces:
“(...) independientemente de la jurisdicción
encargada de establecer el quantum de una indemnización de
perjuicios, el operador jurídico deberá propender porque la reparación
sea integral, es decir que cubra los daños materiales y morales causados, ya
que a las autoridades judiciales les asiste el compromiso de investigar y
juzgar los delitos, no sólo con el ánimo de protección de aquellos bienes
jurídicamente tutelados de singular importancia para la comunidad, sino
también para administrar justicia en forma que mejor proteja los intereses del
perjudicado, quien es concretamente, el titular del bien jurídico
afectado. En consecuencia, si en un caso particular la víctima o sus
causahabientes estiman que el juez civil no incluyó en la liquidación de los
perjuicios otros factores como los daños morales, obviamente pueden
procurar que la indemnización sea efectivamente integral acudiendo a los medios
que el ordenamiento jurídico establezca para el efecto.” (subrayado fuera
de texto). Referencia:
Extracto de la Sentencia C-916 de
2002 de la Corte Constitucional
INTERPRETACIÓN LEGAL DEL LÍMITE A LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 599 DE 2000 EN LA DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA PENAL
De acuerdo a la interpretación dada
por la Corte Constitucional, del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, “surgen dos contradicciones, en caso de que
no se distinga entre daños materiales y morales: (i) si el tope que establece
el inciso primero se refiere tanto a los daños materiales como a los morales,
la demostración de los daños materiales dentro del proceso penal se vuelve
superflua, porque su cuantificación dependería no sólo de lo que se pruebe en
el proceso, sino de la consideración discrecional del juez de factores tales
como la magnitud del daño y la naturaleza de la conducta; y (ii) si el valor de
los daños materiales realmente causados supera la cifra límite establecida en
el inciso primero, sería imposible hacer una reparación integral de los daños a
través del proceso penal, cuando el daño ocasionado a las víctimas y probado
dentro del proceso, exceda de los mil (1000) salarios mínimos legales mensuales.
En conclusión, del texto del artículo 97 es posible deducir que el límite
de los mil salarios mínimos legales mensuales no se puede aplicar a todo tipo
de daños, pero no resulta claro a cuál tipo de daños es aplicable dicho límite.
Referencia: Extracto de la Sentencia C-916 de 2002 de la Corte
Constitucional
LIMITES LEGALES AL DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL DELITO PENAL
La posibilidad de limitar mediante una
regulación legislativa el derecho a la reparación de los daños ocasionados por
el delito, cumple varias finalidades legítimas. En primer lugar, permite un
ejercicio efectivo del derecho al debido proceso y del derecho de defensa por
parte del procesado, quien podrá controvertir pretensiones de reparación de
perjuicios, con base en criterios objetivos, sin quedar absolutamente librado a
la discrecionalidad del juez para la fijación del valor del daño ocasionado por
la conducta punible. En segundo lugar, impide que una indemnización de
perjuicios excesivamente onerosa transforme la justicia penal en una justicia
esencialmente vindicativa o retaliatoria. En tercer lugar, facilita el
restablecimiento de los derechos de las víctimas y perjudicados dentro de
parámetros razonables, sin que puedan llegar a enriquecerse de manera
injustificada, al recibir una indemnización que supere el valor de los daños
efectivamente causados. Referencia: Extracto de la Sentencia C-916 de 2002 de la Corte
Constitucional
DAÑOS Y PERJUICIOS AMBIENTALES Y LA POTESTAD SANCIONATORIA ESTABLECIDA EN LA NORMATIVIDAD ESPECIAL
“En materia ambiental, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, el régimen sancionatorio estaba
previsto, fundamentalmente, en la Ley 99 de 1993, que remitía al procedimiento
contemplado en los Decreto 1594 de 1984, y 948 de 1995, reglamentario de la
legislación ambiental en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire. En la medida en que dichas
disposiciones no contemplaban un término de caducidad especial en materia
ambiental, era preciso remitirse a la caducidad general establecida en el
Código Contencioso Administrativo para la facultad sancionatoria de las
autoridades, que como se ha visto, se fija en tres años a partir del momento en
el que se produce la infracción. En el artículo 66 de la Ley 1333 de 2009
de manera expresa se derogaron las disposiciones que sobre sanciones consagraba
el Decreto 948 de 1995 y se subrogaron los artículos 83 al 86 de la Ley 99 de
1993”. Referencia: Extracto de
la Sentencia C-401/10 de la Corte Constitucional.
DAÑOS Y PERJUICIOS AMBIENTALES, LA DISTINCION Y LAS CARACTERISTICAS DE LA MEDIDAS COMPENSATORIAS
“Las medidas compensatorias presentan
características particulares que permiten identificarlas y distinguirlas de los
otros dos tipos de medidas (propiamente sancionatorias y preventivas) que hacen
parte del régimen sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009.
Entre las características que identifican las citadas medidas compensatorias,
se pueden destacar las siguientes: (i) están dirigidas, única y exclusivamente,
a restaurar in natura el medio ambiente afectado, buscando que éste retorne a
la situación en que se encontraba antes del daño ambiental, o a lograr su
recuperación sustancial; (ii) las mismas se encuentran a cargo de organismos
técnicos de naturaleza administrativa, y solo resultan imponibles si se
demuestra la existencia de la infracción ambiental y del daño ocasionado al
medio ambiente o a los recursos naturales; (iii) en razón a su carácter
estrictamente técnico, no están definidas previamente en la ley y su
determinación depende del tipo de daño que se haya causado al medio ambiente;
(iv) cualquiera sea la medida compensatoria a adoptar, la misma debe guardar
estricta proporcionalidad con el daño ambiental, pudiendo, en todo caso, ser
objeto de los respectivos controles administrativo y judicial; finalmente, (v)
tales medidas no tienen naturaleza sancionatoria, pues el fin que persiguen es
esencialmente reparatorio”. Referencia: Sentencia
C-632/11 de la Corte Constitucional. Expedientes D-8379.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 31 y 40 (parcial)
de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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